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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 06 de septiembre de 2013cermi.es semanal Nº 90

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad

El CERMI plantea que la futura ley de colegios profesionales asegure la igualdad de trato de las personas con discapacidad

06/08/2013

El CERMI ha planteado al Ministerio de Economía y Competitividad una serie de propuestas en relación con el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en fase de consultas en estos momentos, con objeto de que la futura norma legal garantice la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con discapacidad en el ejercicio profesional.

En el primer bloque de propuestas, relativo a la igualdad de trato en el acceso, permanencia y progresión de las profesiones, el CERMI propone al ministerio que dirige Luis de Guindos que se desarrolle con más detalle el principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación, derivado de la aplicación de la Directiva 78/2000 de la Unión Europea sobre esta materia, puesto que el Comité señala que "en el anteproyecto solo se menciona de pasada, ya que con la actual redacción no se protege adecuadamente contra la discriminación en el  ejercicio profesional de las personas con discapacidad".
  
Además de las cuestiones sobre empleo y ocupación, en un segundo bloque, el CERMI plantea que la nueva ley regule las condiciones de accesiilidad universal y no discriminación a las que los colegios y corporaciones profesionales han de ajustar su actuación, en la línea requerida por la Ley 51/2003, en lo relativo al acceso a bienes y servicios a disposición del público.
  
De igual modo, pide al ministerio que incluya en el proyecto de ley un precepto que obligue a los colegios profesionales a incorporar en sus estatutos o reglamentos de funcionamiento una serie de medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad, tanto profesionales del colegio como ciudadanos que pueden requerir servicios del mismo. De este modo, los colegios y corporaciones profesionales, por mandato de la ley, se verían obligados a contar con una política corporativa de inclusión de la discapacidad.

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